Sánchez activa subidas salariales para seis millones de trabajadores y prepara la de 9,6 millones de pensionistas a doce días de las elecciones

El Gobierno aprueba un incremento del 4,5% para los empleados públicos y del 5,3% del salario mínimo. Las medidas llegan mientras Feijóo cuestiona las cuentas del Estado y la AIReF advierte de que España incumplirá sus compromisos fiscales con Bruselas.

Fotografía oficial de Pedro Sánchez recortada en blanco y negro con collage de papel, líneas rojas y verde ácido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador de las subidas salariales en plena recta final de la campaña electoral. A solo doce días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento del 4,5% de las retribuciones de más de tres millones de empleados públicos y una subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), que beneficiará a otros 2,7 millones de trabajadores. Dos decisiones que alcanzan conjuntamente a cerca de seis millones de asalariados y que tendrán efectos económicos desde enero de 2027.

El paquete se completa con la preparación de una nueva revalorización de las pensiones para el próximo ejercicio, cuyo procedimiento urgente fue activado el pasado viernes. Esta última decisión afecta a un colectivo todavía más numeroso: los cerca de 9,6 millones de pensionistas de la Seguridad Social, a los que se añaden los beneficiarios del sistema de Clases Pasivas del Estado.

El calendario político resulta especialmente significativo. El Ejecutivo ha decidido dar luz verde a las mejoras retributivas antes de los comicios, aunque buena parte de sus efectos se materializarán cuando ya haya salido de las urnas el próximo Gobierno. En conjunto, las tres actuaciones afectan a colectivos que suman más de quince millones de perceptores, aunque no todos representan personas diferentes y la revalorización de las pensiones todavía no está formalmente aprobada.

Las decisiones llegan, además, en un momento de creciente controversia sobre la situación de las finanzas públicas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado abiertamente la fiabilidad de las cifras económicas que ofrece el Gobierno y ha advertido de la posible existencia de obligaciones de gasto que todavía no habrían aflorado en las estadísticas oficiales.

Una factura de miles de millones para las administraciones

La medida con mayor repercusión directa sobre las cuentas de las administraciones es la subida salarial de los empleados públicos. El incremento del 4,5% alcanzará a más de tres millones de funcionarios y trabajadores laborales de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Su impacto presupuestario puede situarse en el entorno de los 8.500 millones de euros anuales, según una estimación realizada a partir del peso de la remuneración de asalariados públicos sobre el PIB y de las previsiones económicas disponibles. La cifra es una aproximación, no una valoración oficial del coste del decreto, y puede variar en función de la composición efectiva de la masa salarial y de las partidas a las que se aplique el incremento.

La dimensión del compromiso resulta particularmente relevante porque no se limita a la Administración central. De hecho, el Estado cuenta con 546.000 empleados afectados, mientras que el grueso del personal público depende de las comunidades autónomas, responsables de servicios como la educación y la sanidad.

Según las estimaciones difundidas por Función Pública, un administrativo podrá recibir unos 1.440 euros brutos adicionales al año; un policía nacional, más de 1.900 euros; un maestro, más de 2.700; un médico, más de 3.700; y un juez, más de 4.000 euros.

Además, los empleados públicos percibirán durante el primer trimestre de 2027 otro incremento del 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a la confirmación definitiva del IPC. Esta cantidad tendrá carácter retroactivo desde enero de este año y obligará a abonar los atrasos correspondientes.

La revisión aprobada tampoco constituye una decisión aislada. Forma parte del acuerdo plurianual firmado con CCOO, UGT y CSIF en noviembre de 2025, que contempla una senda de incrementos de hasta el 11% entre 2025 y 2028. La novedad política reside, por tanto, en su aprobación efectiva a las puertas de las elecciones.

El salario mínimo llegará a 1.286 euros

La segunda medida aprobada este martes es la elevación del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 1.221 euros de 2026.

La subida equivale a 65 euros brutos mensuales adicionales por paga, o 910 euros al año, y situará la remuneración mínima legal en 18.004 euros anuales.

El Ministerio de Trabajo calcula que beneficiará a cerca de 2,7 millones de asalariados, aproximadamente el 13,6% de los trabajadores por cuenta ajena. Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas, con unos 550.000 perceptores, seguida de Madrid, con aproximadamente 387.000.

A diferencia del incremento salarial de los empleados públicos, el grueso del coste directo de esta medida recaerá sobre las empresas que emplean a trabajadores con remuneraciones inferiores al nuevo umbral. Su impacto sobre las cuentas públicas será fundamentalmente indirecto, a través de las cotizaciones sociales, los ingresos tributarios y los posibles efectos sobre determinadas prestaciones y contratos públicos.

El Ejecutivo ha acompañado la decisión de medidas fiscales destinadas a evitar que quienes perciben el salario mínimo tengan que tributar por el IRPF en 2027.

La subida se produce después de varios ejercicios de incrementos sostenidos del SMI, cuya cuantía ha aumentado cerca de un 75% desde 2018. Sin embargo, la acumulación de revisiones también ha suscitado advertencias sobre el estrechamiento de las diferencias salariales entre los trabajadores que perciben el mínimo legal y aquellos con mayor antigüedad o cualificación.

Las pensiones, el siguiente gran compromiso

El Gobierno también ha activado la maquinaria para incrementar las pensiones en 2027. El Consejo de Ministros extraordinario del pasado 13 de noviembre aprobó la tramitación urgente del correspondiente real decreto, aunque el porcentaje definitivo todavía no está fijado.

La revalorización se determinará mediante el IPC medio interanual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, conforme al mecanismo legal de actualización aprobado en 2021.

El alcance de la medida es considerable. Según los últimos datos oficiales, correspondientes a octubre, la Seguridad Social abona 10.565.782 pensiones contributivas a cerca de 9,6 millones de personas. Su nómina mensual asciende ya a 14.540 millones de euros, un 6,3% más que un año antes.

A efectos presupuestarios, cada punto porcentual adicional aplicado a una nómina de esas dimensiones supondría alrededor de 2.036 millones de euros al año, tomando como referencia catorce mensualidades y manteniendo constante el número y la composición de las pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) incorpora en sus previsiones para 2027 una contribución de la revalorización del 3,5% al crecimiento del gasto en pensiones de la Seguridad Social. Aplicando mecánicamente ese porcentaje a la nómina de octubre anualizada, el efecto rondaría los 7.100 millones de euros. Se trata únicamente de un cálculo ilustrativo, ya que el gasto efectivo dependerá de la base definitiva de 2026, las nuevas altas y bajas, las pensiones mínimas y otras prestaciones.

La actualización de 2027 se añadirá al incremento general del 2,7% que los pensionistas ya comenzaron a percibir en enero de 2026.

Feijóo cuestiona las cuentas del Estado

La ofensiva retributiva del Ejecutivo coincide con las dudas expresadas por Alberto Núñez Feijóo sobre el verdadero estado de las finanzas públicas.

En una entrevista concedida el pasado viernes a Jordi Wild, el líder del PP aseguró que no se cree los datos económicos difundidos por el Gobierno y denunció una posible ocultación de gasto público. Feijóo sostuvo que pueden existir compromisos plurianuales todavía desconocidos y reiteró su intención de auditar las cuentas del Estado si alcanza la Presidencia del Gobierno.

Sus declaraciones introducen un elemento de incertidumbre en la campaña electoral. El PP ha anunciado diferentes propuestas fiscales, pero su presidente ha condicionado el alcance de algunas de ellas al conocimiento de la situación presupuestaria que encontraría en caso de llegar a La Moncloa.

Las sospechas del líder de la oposición, sin embargo, no equivalen a la constatación de irregularidades contables. La contabilidad nacional española está sometida a procedimientos de supervisión y contraste en los que intervienen organismos como la Intervención General de la Administración del Estado, el INE, el Banco de España y Eurostat.

Lo que sí existe es una advertencia expresa de la autoridad fiscal independiente sobre el deterioro de las perspectivas presupuestarias.

La AIReF advierte del incumplimiento de las reglas fiscales

En su último informe, publicado el 4 de noviembre, la AIReF estima que el déficit público alcanzará el 2,8% del PIB en 2026 y se reducirá hasta el 2,6% en 2027, fundamentalmente por la retirada de determinadas medidas temporales.

Sin embargo, el organismo advierte de que España incumplirá los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea desde 2026, incluso teniendo en cuenta los mecanismos de flexibilidad disponibles.

El problema se encuentra en el crecimiento del gasto. La AIReF calcula que el gasto primario neto aumentará una media del 5,7% anual entre 2026 y 2028, muy por encima del 3,2% contemplado en el plan fiscal comprometido con Bruselas.

El organismo señala expresamente las revalorizaciones de las pensiones y las mejoras salariales de los empleados públicos entre los factores que presionarán al alza el gasto estructural durante 2027.

La situación plantea un desafío para el Gobierno que salga de las urnas. Las decisiones aprobadas ahora consolidan compromisos retributivos que tendrán continuidad en los próximos ejercicios, mientras las reglas europeas exigirán contener el crecimiento del gasto o adoptar medidas que permitan compensarlo.

Con la campaña electoral entrando en su tramo decisivo, Sánchez ha optado por asegurar las mejoras salariales de millones de trabajadores y acelerar la tramitación de las pensiones. La cuestión que quedará sobre la mesa después del 29 de noviembre será cómo encajar esos compromisos en unas cuentas públicas cuya sostenibilidad ya está sometida al escrutinio de la autoridad fiscal.

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