La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar subidas salariales para casi seis millones de trabajadores y acelerar la revalorización de las pensiones de cerca de 9,6 millones de ciudadanos, a solo doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, tiene precedentes internacionales. En los últimos años, los gobiernos de Turquía, Hungría y Argentina recurrieron a medidas económicas de amplio alcance durante sus respectivas campañas electorales, provocando controversias sobre su utilización política y sus consecuencias para las finanzas públicas.
El caso más parecido es el de Turquía. El 9 de mayo de 2023, apenas cinco días antes de las elecciones presidenciales, Recep Tayyip Erdogan anunció una subida salarial del 45% para unos 700.000 trabajadores públicos. Dos días después, prometió nuevas mejoras retributivas para los funcionarios, con repercusiones también sobre las pensiones.
La ofensiva económica se produjo cuando Erdogan afrontaba unas elecciones especialmente disputadas, en medio de una grave crisis inflacionista. Las medidas se sumaron a otras iniciativas anteriores, entre ellas incrementos del salario mínimo, ayudas energéticas y facilidades para acceder a la jubilación.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) cuestionó posteriormente la utilización electoral de los recursos públicos. En su informe definitivo sobre los comicios de mayo de 2023, los observadores internacionales advirtieron de que el anuncio y la aplicación de importantes programas sociales durante la campaña, junto con otras prácticas, habían otorgado ventajas indebidas a los gobernantes y desdibujado la separación entre el Estado y los partidos políticos.
En Hungría, Viktor Orbán protagonizó una operación similar antes de las elecciones de abril de 2022. Su Gobierno impulsó devoluciones fiscales a las familias, una paga extraordinaria para los pensionistas, incrementos salariales y una subida del salario mínimo del 20%.
Según los cálculos publicados entonces por Reuters, el conjunto de medidas movilizó aproximadamente 1,8 billones de florines, equivalentes a unos 5.350 millones de dólares. El desembolso provocó inquietud entre los analistas económicos por sus consecuencias sobre el déficit y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El Fondo Monetario Internacional cuestionó posteriormente los efectos de aquel estímulo preelectoral. En su evaluación de la economía húngara, el organismo concluyó que las medidas habían agravado los desequilibrios macroeconómicos y que el Gobierno tuvo que introducir ajustes fiscales posteriores para contener el déficit.
Argentina ofrece un tercer precedente. En 2023, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, aprobó ayudas extraordinarias para pensionistas y trabajadores, amplió las exenciones fiscales e impulsó otras iniciativas destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.
Las decisiones se adoptaron durante la campaña presidencial frente a Javier Milei y suscitaron críticas por su elevado coste presupuestario. El FMI concluyó posteriormente que la disciplina fiscal argentina se había deteriorado durante el periodo preelectoral de 2023, cuando el Ejecutivo amplió las ayudas sociales, congeló determinados precios y extendió los beneficios tributarios.
Los tres casos presentan diferencias importantes respecto a España, tanto por sus circunstancias económicas como por sus sistemas institucionales. Sin embargo, comparten un denominador común: la concentración de decisiones económicas favorables a amplios colectivos de ciudadanos en los meses o días anteriores a una cita con las urnas.
En España, el Gobierno ha aprobado una subida del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos y otra del 5,3% del salario mínimo interprofesional, hasta los 1.286 euros mensuales, que beneficiará a unos 2,7 millones de trabajadores. Paralelamente, ha iniciado la tramitación urgente de la revalorización de las pensiones para 2027, aunque su cuantía definitiva todavía no ha sido aprobada.
El Ejecutivo defiende que estas decisiones responden a compromisos adquiridos anteriormente y a mecanismos legales de actualización. No obstante, su aprobación en plena recta final electoral coincide con las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que prevé que España incumpla desde 2026 los compromisos de crecimiento del gasto asumidos con la Unión Europea.
La controversia también se produce después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya puesto en duda la fiabilidad de las cuentas públicas y denunciado la posible existencia de compromisos de gasto todavía desconocidos, una sospecha que no ha sido acreditada.
Los precedentes internacionales muestran cómo las políticas de mejora de ingresos pueden convertirse en instrumentos de movilización electoral cuando se concentran en las semanas previas a una votación. También ponen de manifiesto que sus efectos presupuestarios pueden prolongarse mucho más allá de la campaña, condicionando la gestión económica del Gobierno que resulte elegido.



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