Es incompatible ser europeísta con incumplir las normas europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece desentenderse de esta obviedad cuando afirma, como ha hecho este fin de semana, que su partido, el PSOE, es el representante del europeísmo en las elecciones generales, cuando precisamente su gobierno ha llevado a España al deshonroso último puesto en trasposición de directivas europeas de entre toda la UE. Este indicador, al contrario que relatos y verborreas, sí es una medición objetiva del compromiso de un país con la regulación europea. Y, tal y como ha analizado Economikon, no hay ningún Estado miembro con resultados tan pobres como nosotros.
Las estadísticas oficiales de la Comisión Europea de octubre de 2026 sitúan el déficit español de transposición de directivas en el 5,07%, el porcentaje más elevado de los Veintisiete. La media simple de la Unión Europea alcanza el 2,50%. España duplica ese promedio y se distancia de todos los países que aparecen a continuación en la clasificación.
El segundo peor resultado corresponde a Polonia, con un 3,50%, a 1,57 puntos porcentuales de España. Le siguen Bélgica (3,23%), Francia (3,21%), Portugal (3,17%) y Chipre (3,00%). España es el único Estado que rebasa el 5% y ninguno de los restantes supera el 3,50%, de acuerdo con los datos de la misma serie.
El contraste con las principales economías europeas también es considerable. Alemania presenta un déficit del 2,02% e Italia del 1,26%, el mejor resultado de toda la Unión. Francia, con el 3,21%, se encuentra igualmente por debajo de España. La distancia con Portugal alcanza los 1,90 puntos y con Alemania supera los tres puntos porcentuales.
En el conjunto comunitario, 22 Estados miembros registran porcentajes superiores al 2%. Solo Lituania (1,74%), Dinamarca (1,63%), Suecia (1,37%), Eslovaquia (1,27%) e Italia (1,26%) se sitúan por debajo de ese nivel. La singularidad española no reside en la existencia de retrasos, sino en su magnitud respecto a los demás países.

El indicador refleja el porcentaje de plazos vencidos sin notificación completa de las medidas nacionales de transposición. Cuando las instituciones europeas aprueban una directiva, los Estados deben incorporar sus disposiciones al ordenamiento jurídico dentro del plazo fijado y comunicar las medidas adoptadas a Bruselas. Así lo establece la Comisión Europea al explicar cómo se aplica el Derecho de la UE.
Qué implica incumplir los plazos europeos
La falta de transposición en plazo tiene consecuencias prácticas: retrasa la aplicación de obligaciones y derechos previstos en las normas europeas y puede provocar diferencias regulatorias entre Estados. El 5,07% no expresa una valoración política, sino una proporción de obligaciones de transposición pendientes que permite comparar el cumplimiento de los plazos de todos los países de la Unión.
Directivas de IVA: la Comisión lleva a España ante la Justicia
Uno de los ejemplos más relevantes se encuentra en la fiscalidad de las pequeñas empresas. El 11 de marzo de 2026, la Comisión anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar dos directivas relativas al IVA. En ambos casos, el plazo para adoptar las disposiciones nacionales había terminado el 31 de diciembre de 2024.
La Directiva 2020/285 establece un régimen simplificado de IVA para pequeñas empresas que busca reducir sus costes administrativos y facilitar la actividad transfronteriza. Aunque España puede decidir no aplicar internamente determinadas exenciones opcionales, sí debe adaptar su normativa para que las empresas establecidas en España puedan acogerse al régimen de exención previsto en otros Estados miembros. La Comisión señaló expresamente esta obligación al justificar su decisión.
La segunda, la Directiva 2022/542, afecta a los tipos del IVA y a reglas sobre la localización de determinados servicios prestados de manera virtual. También modifica el tratamiento de bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades. Bruselas advirtió de que la falta de adaptación española podía dar lugar a situaciones de doble imposición o ausencia de tributación y a distorsiones de competencia.
Ciberseguridad: el retraso de NIS2
Otro caso corresponde a la ciberseguridad. El 8 de julio de 2026, la Comisión decidió remitir a España, Francia, Irlanda y Países Bajos al Tribunal de Justicia por no notificar la transposición completa de la directiva NIS2. El plazo había expirado el 17 de octubre de 2024.
La Directiva 2022/2555, conocida como NIS2, refuerza las exigencias de seguridad de las redes y los sistemas de información en 18 sectores críticos, entre ellos sanidad, energía, transporte y administraciones públicas. Incluye obligaciones de gestión de riesgos y de respuesta ante incidentes, con el propósito de elevar la resistencia de servicios esenciales frente a ciberataques.
Eficiencia energética y mercado eléctrico
En materia energética también hay expedientes recientes. El 1 de octubre de 2026, la Comisión envió un dictamen motivado a España, junto a Grecia, Italia y Malta, por no completar la transposición de la Directiva 2023/1791, sobre eficiencia energética. El plazo general había vencido el 11 de octubre de 2025, salvo determinadas disposiciones con fechas diferentes.
La norma introduce objetivos de ahorro y consumo energético y obligaciones relacionadas con los edificios de las administraciones públicas. Contempla asimismo medidas destinadas a combatir la pobreza energética y el principio de «primero, la eficiencia energética», que exige tener en cuenta el ahorro en las decisiones relevantes sobre infraestructuras y políticas públicas.
También en septiembre, Bruselas abrió un procedimiento por la transposición incompleta de la Directiva 2024/1711, referida al diseño del mercado eléctrico. Entre las disposiciones pendientes figuraban las relativas a la libre elección de suministrador y el derecho a compartir energía, cuyo plazo terminó el 17 de julio de 2026. La regulación pretende ampliar la capacidad de los consumidores para cambiar de compañía y participar en nuevas modalidades de suministro.
Estos expedientes muestran el contenido material de las obligaciones que Bruselas reclama: desde la fiscalidad de los autónomos y pequeñas empresas hasta la seguridad informática, el ahorro energético y los derechos de los clientes eléctricos. Son materias con incidencia directa sobre empresas, administraciones y ciudadanos, y no únicamente compromisos formales entre instituciones.
Las cifras de octubre corresponden al panel general de transposición, con el filtro que incluye todos los ámbitos de actuación, y no deben confundirse con el cuadro específico del mercado único, que utiliza un universo más restringido. Sobre la base estadística general, la conclusión es clara: España presenta el peor resultado de la UE, con un déficit del 5,07%, más del doble de la media y a una distancia considerable del siguiente Estado.



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