La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a las pulseras telemáticas de protección frente a la violencia de género. Este jueves realiza diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, según ha comunicado el organismo.
La investigación, iniciada en 2025 y apoyada por la UCO de la Guardia Civil, examina recursos europeos empleados en adquirir los dispositivos que permiten supervisar medidas cautelares y condenas por violencia machista. La nota oficial no identifica investigados ni cuantifica el supuesto perjuicio. Tampoco detalla las actuaciones. Tampoco atribuye responsabilidades personales a la ministra Ana Redondo.
Las diligencias llegan después de la polémica por los fallos del sistema Cometa. La Fiscalía española alertó de problemas que afectaban a procedimientos judiciales. Igualdad sostuvo que las incidencias vinculadas a la migración de datos entre adjudicatarias se habían solucionado y defendió que las víctimas habían permanecido protegidas.
El Tribunal de Cuentas documentó posteriormente deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Fiscalizó contratos de 2018, 2021 y 2023 por 102,6 millones de euros. El último, de 42,6 millones y parcialmente financiado mediante el Plan de Recuperación, estuvo vigente hasta mayo de 2026.
El fiscalizador señaló que las dificultades para consultar información histórica impidieron atender 123 requerimientos judiciales. También describió interrupciones, problemas de geolocalización, escasa autonomía de baterías y retrasos en las reparaciones. Una auditoría tecnológica encargada por Igualdad en noviembre de 2025 corroboró vulnerabilidades críticas.
El Tribunal indicó que los problemas habían sido resueltos, pero comprometieron la eficacia durante parte del periodo examinado. Reclamó priorizar la calidad del servicio sobre el ahorro. La investigación europea busca esclarecer un eventual fraude financiero: los fallos técnicos, por sí solos, no acreditan ese delito. La Fiscalía Europea tiene competencia para perseguir delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
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